A medida que se acerca el Mundial de 2026 en Estados Unidos, crece el interés por obtener o renovar la visa, pero junto a los requisitos tradicionales surgió un “filtro” menos visible: el control de las redes sociales. Desde 2019, el gobierno estadounidense exige que los solicitantes de visas inmigrantes y no inmigrantes informen sus identificadores de redes sociales en los formularios. Esa información forma parte de los controles de seguridad y puede ser evaluada antes, durante y después de la aprobación del visado.
En algunos casos, además, se pide que los perfiles estén configurados como públicos. Desde junio de 2025, los solicitantes de visas F, M y J —destinadas a estudio, capacitación e intercambio— deben hacer públicas sus cuentas para facilitar revisiones adicionales. A partir del 15 de diciembre, el requisito se amplió a las visas de trabajo H-1B y sus dependientes H-4. En cambio, quienes tramitan visas de turismo B-1/B-2 deben informar sus redes, pero no están obligados actualmente a modificar la privacidad.
En este contexto surgieron servicios privados que utilizan inteligencia artificial para analizar la huella digital de los usuarios. Uno de ellos es Social Mirror, desarrollado por el argentino Matías Simone, cofundador de WeCheck AI. La herramienta solicita que el usuario ponga sus redes en modo público y luego analiza publicaciones, interacciones, menciones y apariciones en distintas plataformas para detectar posibles “banderas rojas” que podrían generar preguntas adicionales en una entrevista consular. El sistema no borra contenido ni accede a mensajes privados, sino que señala alertas para que cada persona decida qué hacer.
Entre las red flags más sensibles figuran expresiones de antisemitismo, apoyo a organizaciones terroristas, participación en actividades consideradas riesgosas o evidencia de haber excedido el tiempo de estadía permitido en Estados Unidos. También pueden influir comentarios polémicos, bromas fuera de contexto o contenidos vinculados a activismo político considerado sensible. El escaneo suele demorar unos cinco minutos y, en Argentina, el servicio tiene un costo aproximado de entre 15.000 y 19.000 pesos. En un escenario de mayor escrutinio digital, la identidad online se convirtió en un factor clave del proceso migratorio.
Con información de Clarín
